Hospital de la Florida justifica deportación de paciente: Luis Jiménez

07-23-2009 1 hora, 54 minutos

STUART, Florida, EE.UU. (AP) – Todos concuerdan en un aspecto del extraño caso de un paciente guatemalteco con graves lesiones cerebrales que fue deportado secretamente por un hospital del sur de la Florida.

Temprano en una mañana de julio del 2003, el Centro Médico Martin Memorial colocó a Luis Jiménez, de 37 años, en un avión alquilado y lo envió de vuelta a Guatemala, sin avisarle a sus parientes de Estados Unidos ni a las autoridades guatemaltecas. Ni siquiera al custodio legal del centroamericano, que intentó desesperadamente impedir el traslado.

A partir de ese momento, todo se complica. El custodio, un primo de Jiménez, demandó al hospital, al que acusa de haber deportado al enfermo, quien estaba en el país ilegalmente. El hospital, que gastó más de un millón y medio de dólares en la atención de Jiménez durante tres años, afirma que el paciente quería volver a su país.

El tema de fondo es qué debe hacer un hospital con un paciente que requiere atención a largo plazo, que no tiene medios para cubrir los gastos ni cuenta con acceso a beneficios del gobierno por ser indocumentado. El caso es seguido de cerca por expertos en cuestiones de salud y de inmigración pues podría sentar importantes precedentes. Los abogados de Jiménez dicen que esta podría ser la primera vez que se ventila un caso de este tipo.

El caso comenzó a ser analizado por el jurado el jueves por la tarde. Antes de que los integrantes iniciaran sus deliberaciones, el juez James Midelis les dijo que un fallo de una corte de apelación ya había determinado que el hospital “detuvo y privó de su libertad ilegalmente” a Jiménez y que actuó contra la voluntad de su custodio. Midelis dijo al jurado que su tarea era decidir si las acciones del hospital fueron “irrazonables e injustificadas” ante tales circunstancias.

Horas antes, al presentar sus argumentos finales en el juicio, el abogado de Gaspar y Jiménez dijo que el hospital envió a Jiménez de regreso a Guatemala para detener lo que hubiese sido un proceso de apelación largo y costoso.

“El plan fue diseñado para de una sola vez para detener los gastos… para detener el caso antes de que llegase hasta la Corte Suprema, pues Luis Jiménez ya no estaba”, dijo Jack Hill ante una corte atestada de gente en Stuart, un poblado tranquilo en el Sur de la Florida, justo al norte de la exclusiva comunidad de Palm Beach.

Scott Michaud, el abogado del hospital, dijo que la institución quedó en una situación muy difícil, pero que al final fue un juez y no el hospital el que decidió que podían enviar a Jiménez de vuelta a Guatemala. Michaud agregó que el centro médico le salvó la vida a Jiménez y le proporcionó atención médica gratuita durante tres años, sólo para terminar siendo demandado injustamente.

“Citando a Alicia en el país de las Maravillas, donde arriba es abajo y abajo es arriba, y las buenas obras son castigadas”, dijo el abogado el jueves.

El caso de Jiménez también invita a preguntarse quién debe decidir cuándo deportar a alguien, si el hospital o una corte. Este poder ha sido ejecutado por el gobierno federal por mucho tiempo.

“Sea cual sea la decisión (de la corte), hará que los hospitales de todo el país estén más pendientes. La próxima vez que consideren enviar a un paciente a otro país, van a tener que pensar bien las cosas porque podrían exponerse a demandas y cuestionamientos”, declaró Steve Larson, subdirector de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania y director de una clínica sin fines de lucro que atiende a inmigrantes hispanos.

Linda Quick, presidenta de la Asociación de Hospitales y Centros de Salud del Sur de la Florida (South Florida Hospital & Healthcare Association), sostuvo que los hospitales podrían mostrarse renuentes a ofrecer atención prolongada a inmigrantes que no tienen seguro médico.

Los hospitales ya atienden a unos 47 millones de personas sin seguro. Se calcula que los indocumentados representan un 15% de esa cifra, según el Centro Hispano Pew.

“Seguramente seguirán las recomendaciones de los médicos”, señaló, “pero buscarán formas de darlo de alta”.

Jiménez vino a Estados Unidos a trabajar como jornalero y enviaba dinero a su esposa e hijos en Guatemala. En el año 2000, un conductor ebrio estrelló su vehículo contra la camioneta que manejaba el guatemalteco y lo dejó parapléjico. Estuvo más de un año en estado vegetativo, hasta que comenzó a mostrar síntomas de recuperación, alcanzando un nivel cognitivo de cuarto grado. El hospital lo envió a un centro de atención a largo plazo, pero el paciente regresó al hospital porque necesitaba más cuidados. El hospital consiguió entonces una carta del ministerio de salud guatemalteco, según la cual ese país estaba en condiciones de hacerse cargo de Jiménez, y lo envió de vuelta a su patria.

Dado que Jiménez no estaba en condiciones de tomar decisiones, su primo Gaspar Montejo fue designado su custodio. Montejo apeló el fallo de un juez que aprobó el traslado. Un tribunal de apelaciones anuló ese fallo, dictaminando que los juzgados estatales no pueden decidir casos de inmigración. A esa altura, sin embargo, Jiménez ya se encontraba en Guatemala, con su madre, en una casa de un ambiente en el estado de Huehuetenango, a 12 horas de auto de la capital. No hay calles pavimentadas en la zona, por lo que a la madre le resultará imposible conseguir ayuda en casos de emergencia.

Un sacerdote católico de la Florida que visitó a Jiménez en Guatemala describió así su situación en un correo electrónico a la AP: “Estaba limpio, contento de recibir mi visita y por momentos hizo comentarios sensatos”, señaló el reverendo Frank O’Laughlin. “Parecía estar cooperando con la persona que lo cuida y que sobrevivirá, por lo menos hasta que sufra su primera neumonía”.

O’Laughlin dijo que no estaba seguro de si lo mejor sería que Jiménez fuese traído de vuelta “para recibir atención médica de extraños en la Florida”.

Pero considera que la demanda es importante porque no se puede permitir que los hospitales deporten a la gente.

El sacerdote y Larson afirman que un país que depende de una fuerza laboral extranjera barata para todo, desde la agricultura hasta la confección de ropa y la construcción, debe tomar previsiones para responder a lesiones catastróficas sufridas por quienes ofrecen esos servicios básicos. Esos gastos, dicen, deben ser cubiertos por el empleador o por hospitales públicos.

Carla Luggiero, directora adjunta de la Asociación Nacional de Hospitales (American Hospital Association), destacó que los casos como el de Jiménez son poco frecuentes y que la mayor parte de las veces los hospitales y las familias consiguen tratamientos aceptables. Acotó que las familias rara vez cuentan con un abogado que las representa, sin cobrar, como ocurre con Jiménez.

“Es un tema muy complejo. Sin llegar a la repatriación, el tema de los indocumentados es una granada, lo mismo que su atención médica”, manifestó Larson. “Cuando se los combina, es un asunto muy delicado”.

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